A propósito del día del joven "combatiente”: los tanques a la calle.

A nadie pueden dejar indiferente las imágenes de violencia, insubordinación y vandalismo que todos apreciamos el día 29 de Marzo con ocasión del mal llamado “día del joven combatiente” (en estricto rigor, día del joven terrorista). Miles de jovencitos –casi todos menores de edad y durante horas de clases- y otros no tan jóvenes, descargaron su odio contra cualquier cosa animada o inanimada que se les atravesara por delante. No se salvaron ni Carabineros, ni Magistrados, ni buses, ni locales comerciales, ni supermercados, ni señales de tránsito, ni rejas, ni jardines, ni automóviles ni transeúntes inocentes… ¡Ni siquiera un centro hospitalario, incluida la sala de cuidados intensivos con pacientes graves dentro!
Por muy terrible que pueda ser una situación o problema o por muy inepto que pueda ser un gobierno para solucionarlo, nada justifica que hordas de seres -que de humanos tienen acaso la forma- se comporten de la manera que lo hicieron quienes de seguro están a estas alturas debidamente identificados por cámaras de seguridad, cámaras de la prensa y Carabineros, y que de seguro también, en algunas horas estarán libres de toda culpa. Como siempre, Moya pagará los daños ocasionados a la propiedad pública y los respectivos dueños, los ocasionados a la propiedad privada. Como siempre, quienes pagamos impuestos nos haremos cargo de las subvenciones que los establecimientos educacionales seguirán recibiendo por la “asistencia” de aquellos que estaban no en clases, sino “manifestándose”.
Pero, dichos daños materiales no son lo más grave. Mal que mal, siempre hay alguien que se puede meter la mano al bolsillo y solucionar el problema.
Lo más grave, es que las generaciones más jóvenes de nuestros compatriotas están creciendo convencidos que en una sociedad civilizada no manda nadie. Que nuestros abnegados policías son lo mismo que un guardia de banco o que están de puro adorno. Que los padres son unas especies de máquinas de producir los pesos necesarios para financiar el carrete o el play station de sus respectivos vástagos. Que los profesores son unos viejos decrépitos que están ahí por el puro gusto de molestar. Que el gobierno y las autoridades son sólo un resabio de épocas antiguas en que existían una serie de instituciones arcaicas. Y, por supuesto, que ellos, mocositos imberbes, que dificultosamente saben ir solitos al baño, son los dueños del mundo…
¡Y qué querían! Si nuestros malos, perdón, pésimos gobernantes llevan años enseñando y promoviendo la cultura del desorden, del piedrazo, de la desobediencia, de los derechos… sin deberes… Si nuestros pésimos gobernantes, quienes tienen todos los instrumentos legales para poner fin a esta grave situación no lo hacen… Y si la prensa, especialmente la televisión –incluido Canal 13 y con el silencio cómplice del Arzobispo de Santiago-, lleva una semana haciendo comparsa y mostrando a estos terroristas, los hermanos Vergara, como mártires, siendo que fueron muertos en un enfrentamiento que se produjo siendo sorprendidos a punto de perpetrar un asalto armado.
En primer lugar, Carabineros de Chile es una institución armada. Tiene no sólo el derecho, sino el deber de usar la fuerza –las armas- para controlar el orden público y permitir que los ciudadanos corrientes desarrollen sus actividades en forma normal, en definitiva, hacer cumplir la ley vigente. Y sea cual sea el costo de ello. Si se ven sobrepasados usando métodos de disuasión tradicionales, deben recurrir a las armas de fuego. ¿Por qué no lo hacen? Porque los acontecimientos de los últimos años han sentado un pésimo precedente: Policía que cumple con su deber es removido de su cargo. Frescos están aún en nuestra memoria el bullado caso de Daniel Menco, a fines de los ‘90, y la justa represión aplicada a los manifestantes de la revolución pingüina, el año pasado. Quienes mantuvieron el orden se las tuvieron que ver con las iras de los activistas de derechos humanos, periodistas de izquierda, jueces prevaricadores y un gobierno servil a causas revolucionarias.
El Gobierno tiene la facultad constitucional para declarar estados de excepción: de emergencia o de sitio, si la situación lo amerita. Y lo visto el pasado 29 es bastante más grave que una lengua sacada en Av. Costanera al Comandante en Jefe del Ejército, oportunidad en que el socialista Salvador Allende sí declaró estado de sitio. ¡Pero que horror! ¡Las Fuerzas Armadas a cargo del orden público! ¡Dónde se ha visto! Muy probablemente la casta gobernante no quiere correr el riesgo, ya que quedaría demostrado que los militares gobiernan mejor que los políticos.
Y mediante los estados de excepción, se puede restringir a la prensa, que muchas veces contribuye con su cuota de bencina en el fuego, sobrepublicitando y creando un clima propicio para que se produzcan situaciones como la del día 29. Y desde luego, evitar que se trate como héroes a los hampones que motivan la “celebración” de la mencionada fecha.
El Gobierno tiene la facultad para hacer cumplir la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antiterrorista o cualquier otra normativa legal vigente, instrumentos eficaces a la hora de combatir el terrorismo o las acciones concertadas de vándalos.
El Gobierno tiene la facultad, por medio de la promulgación de un simple Decreto, para suspender todos los beneficios económicos a quienes sean sorprendidos promoviendo o cometiendo actos vandálicos. ¡Adiós crédito fiscal, adiós subvenciones! Y las instituciones de educación –colegios, universidades- bien pueden expulsar a aquellos alumnos-delincuentes.
Los Tribunales tienen la facultad para exigir el pago de los daños –en dinero o en cárcel- a quienes se “entretienen” destruyéndolo todo.
El Gobierno y los legisladores tienen la facultad para normar y hacer responsables a los padres por los daños que provoquen sus hijos menores.
Y por último, los padres tienen la obligación grave de educar correctamente a sus hijos. ¿Y por qué no lo hacen? El circulito vicioso: llevamos casi dos décadas gobernados por quienes están empeñados, por una fijación ideológica, en destruir el principio de autoridad. Empeñados en transmitir absurdas doctrinas que llevan a un nivel casi sobrenatural los famosos derechos humanos, en particular los del niño. Empeñados en hacernos vivir en la mugre y el desorden. Empeñados en hacernos creer que cultura es sinónimo de mal gusto. Y por sobre todo, empeñados en hacernos creer que somos todos iguales: padres e hijos, viejos y jóvenes, gobernantes y gobernados, policías y ladrones, jefes y empleados, hombres y mujeres, superiores e inferiores…
Lamentablemente, y a juzgar por el tenor de las circunstancias, no vemos otra solución que la aplicación de una mano muy dura, con un costo –vidas humanas incluidas- muy alto. De otra forma, el estallido social va a ser tal que llegaremos a un estado de guerra civil o de anarquía generalizada, y las personas se empezarán a tomar la justicia por sus propias manos, al más puro estilo del Brasil y los escuadrones de la muerte. Dios nos pille confesados.